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Esta es la Andalucia del PSOE

Como un espectador de una película de terror llamada ERE

Jorge Muñoz | 10 de abril de 2015 a las 6:00

Griñán trazó ayer una buena estrategia defensiva en su declaración ante el Tribunal Supremo, pero que plantea muchos interrogantes sobre el papel que jugó o debía jugar a la hora de evitar el fraude, primero en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, y posteriormente como presidente de la Junta. Si el pasado martes el ex consejero de Empleo José Antonio Viera culpó a sus subordinados, porque él era un maestro sin formación jurídica, ayer el que fuera presidente de la Junta se situó como un mero espectador de una película de terror que se ve sorprendido por un trágico desenlace final pero que se veía venir prácticamente desde el principio. Griñán asegura que no pudo hacer nada para frenar el fraude, porque no lo conocía y nadie le advirtió, pero al final tuvo que asumir su responsabilidad política y dimitir del cargo.

José Antonio Griñán, que es inspector de Trabajo, puso en práctica una sólida estrategia defensiva, contundente a la hora de tachar de “irreprochable” la actuación de su Consejería y de la dirección general de Presupuestos, y que se fundamenta básicamente en defender la legalidad del sistema, de la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, y en poner de manifiesto que las numerosas señales de alertas que lanzó la Intervención General de la Junta en forma de sucesivos informes nunca le llegaron a él, porque su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, no se los trasladó, y porque la Intervención no dio nunca el paso de realizar un informe de actuación, que hubiera requerido una actuación concreta por parte de su departamento y la adopción de unas medidas para evitar el fraude.

Griñán deriva toda la responsabilidad en el interventor general de la Junta –aunque en su extensa declaración llega a decir que no hizo dejación de funciones- y en la Consejería de Empleo, a la que atribuye el decisivo papel de controlar el gasto relacionado con el pago de las ayudas.Como un espectador de una película de terror llamada ERE Jorge Muñoz | 10 de abril de 2015 a las 6:00 vlcsnap-2015-04-09-23h24m18s14Griñán trazó ayer una buena estrategia defensiva en su declaración ante el Tribunal Supremo, pero que plantea muchos interrogantes sobre el papel que jugó o debía jugar a la hora de evitar el fraude, primero en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, y posteriormente como presidente de la Junta. Si el pasado martes el ex consejero de Empleo José Antonio Viera culpó a sus subordinados, porque él era un maestro sin formación jurídica, ayer el que fuera presidente de la Junta se situó como un mero espectador de una película de terror que se ve sorprendido por un trágico desenlace final pero que se veía venir prácticamente desde el principio. Griñán asegura que no pudo hacer nada para frenar el fraude, porque no lo conocía y nadie le advirtió, pero al final tuvo que asumir su responsabilidad política y dimitir del cargo. José Antonio Griñán, que es inspector de Trabajo, puso en práctica una sólida estrategia defensiva, contundente a la hora de tachar de “irreprochable” la actuación de su Consejería y de la dirección general de Presupuestos, y que se fundamenta básicamente en defender la legalidad del sistema, de la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, y en poner de manifiesto que las numerosas señales de alertas que lanzó la Intervención General de la Junta en forma de sucesivos informes nunca le llegaron a él, porque su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, no se los trasladó, y porque la Intervención no dio nunca el paso de realizar un informe de actuación, que hubiera requerido una actuación concreta por parte de su departamento y la adopción de unas medidas para evitar el fraude. Griñán deriva toda la responsabilidad en el interventor general de la Junta –aunque en su extensa declaración llega a decir que no hizo dejación de funciones- y en la Consejería de Empleo, a la que atribuye el decisivo papel de controlar el gasto relacionado con el pago de las ayudas. Pero a pesar de esta estrategia defensiva expuesta ante el Tribunal Supremo, que como he dicho me parece bastante sólida desde el punto de vista de una investigación judicial, la argumentación no puede ocultar las posibles responsabilidades que Griñán, primero como consejero de Economía y Hacienda, y luego como presidente de la Junta, tiene con respecto a esta fraude masivo y millonario. Su ex viceconsejera llegó a decir esta semana, en este caso en su comparecencia ante el TSJA, que recibió los informes de la Intervención pero simplemente no los leyó, porque no eran informes de actuación y no requerían una actuación concreta de la Consejería. Griñán corroboró ayer esta versión exculpatoria y coincidió en que la Intervención únicamente advertía de “discrepancias contables” pero no de ilegalidades. La pregunta del millón es si la responsabilidad política del ex presidente debe quedarse sólo en el ámbito político, como ayer recordó el propio Griñán al afirmar que dimitió del cargo por el escándalo de los ERE, o su presunta participación en el fraude –que la juez Alaya dio por hecho en la exposición razonada-, bien por acción u omisión, es merecedora de un reproche penal. La respuesta la tiene el instructor del Supremo, que es el que una vez que finalice la ronda de declaraciones de los aforados debe decidir si archiva el proceso o pide el suplicatorio al Congreso y el Senado para realizar una inculpación formal. Griñán dijo ayer que confía en la Justicia. Dejemos que ésta actúe.

Pero a pesar de esta estrategia defensiva expuesta ante el Tribunal Supremo, que como he dicho me parece bastante sólida desde el punto de vista de una investigación judicial, la argumentación no puede ocultar las posibles responsabilidades que Griñán, primero como consejero de Economía y Hacienda, y luego como presidente de la Junta, tiene con respecto a esta fraude masivo y millonario. Su ex viceconsejera llegó a decir esta semana, en este caso en su comparecencia ante el TSJA, que recibió los informes de la Intervención pero simplemente no los leyó, porque no eran informes de actuación y no requerían una actuación concreta de la Consejería. Griñán corroboró ayer esta versión exculpatoria y coincidió en que la Intervención únicamente advertía de “discrepancias contables” pero no de ilegalidades.

La pregunta del millón es si la responsabilidad política del ex presidente debe quedarse sólo en el ámbito político, como ayer recordó el propio Griñán al afirmar que dimitió del cargo por el escándalo de los ERE, o su presunta participación en el fraude –que la juez Alaya dio por hecho en la exposición razonada-, bien por acción u omisión, es merecedora de un reproche penal. La respuesta la tiene el instructor del Supremo, que es el que una vez que finalice la ronda de declaraciones de los aforados debe decidir si archiva el proceso o pide el suplicatorio al Congreso y el Senado para realizar una inculpación formal. Griñán dijo ayer que confía en la Justicia. Dejemos que ésta actúe.

Fuente: http://blogs.grupojoly.com/juzgado-de-guardia/2015/04/10/como-un-espectador-de-una-pelicula-de-terror-llamada-ere/

Esto es Andalucia

Alaya reprochó a Griñán que conocía los informes de la Intervención y el déficit de 93 millones generado al IFA

Griñán ha negado que recibiera esos informes y ha explicado que era "lógico" que no le llegaran porque para ello esos informes tenían que haber realizado alguna propuesta de actuación referida a su Consejería.

Fuente:http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/2002821/alaya/reprocho/grinan/conocia/los/informes/la/intervencion/y/deficit/millones/generado/ifa.html

Así es Andalucia

Las mentiras de Rajoy y su falta de memoria, a pesar de firmarla en los casos AFINSA-FORUM, les ha costado 500.000 votos menos, 17 escaños perdidos, por ser marioneta del PSOE y ahora seguirá perdiendo Ayuntamientos y no digamos de las generales. Creo de verdad, que no sabe que hacer y prefiere quedar en la oposición, vamos vivir mejor todavia y sin responsabilidad, debería el PP plantearse esto, o lo pagará caro en las generales

Junta Directiva del PP, en el Pais

Rajoy impone una tregua en el PP hasta las elecciones locales de mayo

El presidente aclara que no hará cambios para minimizar la crisis interna

Está claro que está "cagao", sabe que tiene mucho que perder y se lo recuerdo, los afectados de AFINSA-FORUM, no te votaremos más, por mentiroso, cobarde y vendido al PSOE.

Así, que tomen nota los del PP, que pagarán en las urnas, las mentiras del Rajoy

Si quieres ver la noticia completa, pincha en el siguiente enlace: http://politica.elpais.com/politica/2015/04/07/actualidad/1428397127_700142.html

Andalucia, caso de los eres. Diario de Cádiz

CASO DE LOS ERE

Los ex consejeros Viera y Ávila declaran en el Supremo y en el TSJA por los ERE fraudulentos

Viera ha llegado al Supremo sobre las 09:40 y no ha hecho declaraciones. Ávila, en cambio, ha dicho antes de entrar en la sede del TSJA que está tranquilo porque no tiene nada que ocultar.

Esta es la Andalucia que tenemos, llena de chorizos políticos y sindicalistas, en conjunto, la caca de España, así nos va

Así es Andalucía

Alaya cifra en 950 millones los gastos pendientes de justificar en formación

Agentes de la Guardia Civil retiran documentos del Centro Andaluz de Formación Integral en la última operación ordenada por la juez Alaya.

Efe

La juez Mercedes Alaya ha cifrado en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados desde 2009 con fondos públicos, y atribuye esa actitud a la "desidia" o el "dolo" de responsables de la Junta de Andalucía, a 16 de los cuales detuvo en la operación Barrado.

En un auto de imputación de una de los 12 políticos que han quedado en libertad con cargos tras comparecer ante la juez al que ha tenido acceso Efe, la instructora lamenta los "efectos graves para el Erario Público" que ha supuesto la acumulación de dinero pendiente de justificar.

La juez relaciona parte de ese dinero con las resoluciones de exoneración, un uso que considera "fraudulento" de los fondos porque permitían nuevos pagos a pesar de que no se hubiesen justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas antes.

Estas resoluciones las aplicó la Consejería de Empleo de la Junta desde 2009, "año tras año", contraviniendo la Ley de Hacienda andaluza y convirtiendo en algo habitual "lo que debe ser excepcional", precisa Alaya.

Las exoneraciones favorecieron a beneficiarios repartidos por toda Andalucía, según la instructora, que critica el hecho de que no se reclamaran su reintegro hasta pasar las competencias de la consejería de Empleo a la de Educación y afirma que esas reclamaciones caducan a los cuatro años.

La acumulación del dinero tuvo consecuencias presupuestarias porque obligaba a provisionar las cantidades pendientes de pago en el presupuesto del próximo año, destaca la juez, que acusa a uno de los dirigentes políticos detenidos de participar en las acciones que impidieron el adecuado seguimiento de los cursos y su justificación.

También le imputa contribuir decisivamente en mantener un sistema de gestión de subvenciones para la formación que implicaba, indiciariamente, un reparto arbitrario de los fondos públicos.

Ello se hacía mediante "una acción concertada y coordinada tanto a nivel central como provincial" y permitiría, "a sabiendas de su injusticia y el daño al erario público", provocar "múltiples incumplimientos" de las normas para los cursos, en su concesión, en el pago y, "especialmente", en la justificación del destino de los fondos subvencionados, según la instructora.

Para sus imputaciones, la juez usa los informes de la Intervención General de Andalucía sobre las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo andaluza entre 2009 y 2012, en los que se concluye que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) incumplió la ley respecto a los expedientes de justificación.

La juez, que investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, afirma que los incumplimientos afectaban a todas las provincias, con más alumnos de los permitidos, sin prácticas de alumnos o con facturas que eran fotocopias.

Ante la juez han comparecido hasta ahora ocho ex delegados provinciales de Empleo en Andalucía, dos ellos en activo cuando fueron detenidos y cesados el mismo día, dos ex directoras generales y dos responsables de centros formativos públicos.

Faltan por comparecer otros dos ex directores generales, un delegado de Empleo y una responsable de un centro formativo. EFE